La legislación española en su horizonte pleno del estado de derecho, y del ejercicio fundamental de los derechos y deberes que asisten a los ciudadanos que hacen vida en este territorio; ha dispuesto, que en ocasiones de conflictos, hechos probatorios, ejercicio de actividades laborales, civiles, mercantiles, administrativos y penales; se hagan presente en determinados escenarios, la necesidad de la experticia y ejecución de un Informe Psicólogo jurídico, con el fin inicial de demostrar las condiciones de aptitud y actitud, que los ciudadanos deben hacer del conocimientos de las autoridades, para ser instrumentos de cabalidad que otorgaran a la autoridad la prueba del estado consciente, intelecto cognitivo, que pueda determinar la probabilidad de las personas actuar en lo que se conoce como civilmente hábil y en pleno uso de sus facultades. No obstante, este informe se reviste de la experticia en ámbitos como: Los jueces o abogados lo solicitan como herramienta para determinar la situación mental del acusado en el momento de los hechos; en los procedimientos judiciales, las partes tienen derecho a utilizar medios de probatorios, es decir, justificaciones de la verdad de los hechos y por ultimo; lo que permite en justa lid, un minucioso e imparcial, fundamentado en las pruebas pertinentes, puede ser la diferencia entre ganar o perder un caso.